Contreras sostuvo que la omisión no es menor, porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas también sanciona como encubrimiento a quien, en el ejercicio de sus funciones, advierte actos u omisiones que podrían constituir faltas administrativas y decide no denunciarlos. Por ello, subrayó que pagar en silencio no basta y que la ley obliga a denunciar. En su propuesta también pidió una auditoría forense y o especial sobre el manejo del ISR de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, además de revisar los años posteriores.

Además, el exhorto plantea que el Municipio abra por completo la información financiera vinculada con este caso y colabore de manera plena con las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el SAT, con el objetivo de deslindar responsabilidades en cada administración involucrada.

La legisladora advirtió que el problema ya generó consecuencias directas, pues desde el 6 de abril de 2026 el SAT suspendió las participaciones federales del ISR participable al Municipio, lo que impacta en los recursos para servicios públicos de los juarenses.