Por: Roger Castorena Menchaca
 
El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, eludió responder de manera puntual a los cuestionamientos sobre el cómo y el cuándo la Federación pretende redefinir sobre la posible afectación al carácter autónomo del INE, el legislador optó por centrar su argumentación en el proceso de consulta previo a la iniciativa y en la necesidad —según dijo— de responder a una “exigencia ciudadana” de años, sin detallar los mecanismos concretos mediante los cuales se modificaría la arquitectura institucional electoral.
 
Defensa del proceso, no del contenido
Estrada comenzó señalando que la iniciativa aún no ha sido formalmente presentada y que su contenido debe analizarse con independencia de posturas partidistas. Destacó que, según datos oficiales, se realizaron 63 audiencias públicas, con cientos de ponentes en distintas entidades e incluso en Estados Unidos, y más de mil propuestas recabadas.
 
Con ello, buscó contrarrestar el discurso opositor que cuestiona la legitimidad del proceso de construcción de la reforma. Sin embargo, evitó precisar si la propuesta contempla centralizar funciones actualmente ejercidas por los OPLES o cómo se garantizaría la autonomía operativa y presupuestal del INE ante eventuales recortes.
 
En lugar de abordar esos puntos, trasladó la responsabilidad al Congreso federal: “Si junta los votos o no, es responsabilidad de cada diputado y senador; que la historia los juzgue”, afirmó.
 
Reducción de costos: eje discursivo
Al ser cuestionado sobre la reducción presupuestal —que se ha mencionado podría oscilar entre 20 y 35 por ciento en el costo del sistema político-electoral—, Estrada sostuvo que sí es posible abaratar el modelo actual.
 
Identificó como principal gasto la “duplicidad” entre INE y OPLES, así como el financiamiento anual a partidos políticos, incluso en años no electorales. También cuestionó que los órganos electorales mantengan presupuestos elevados fuera de procesos comiciales.
 
No obstante, cuando se le preguntó si eliminar o debilitar a los OPLES podría implicar un retroceso en términos de federalismo, su respuesta fue ambigua: dijo no tener claro si desaparecerán y se limitó a señalar que “deben ajustarse”.
 
En ese punto, evitó profundizar en cómo se armonizaría una eventual centralización con la autonomía constitucional de los estados, ni explicó qué criterios técnicos justificarían la absorción de funciones locales por parte del INE.
 
Austeridad como argumento transversal
En varios momentos, el legislador desvió la discusión hacia la política de austeridad y la redistribución del gasto público. Argumentó que reducir recursos a órganos electorales y partidos permitiría destinarlos a programas sociales prioritarios, como los anunciados recientemente por la presidenta en sus conferencias matutinas.
 
Planteó el dilema en términos políticos: asignar recursos a la “burocracia electoral” o canalizarlos a jóvenes y sectores vulnerables. Sin embargo, no respondió de forma específica cómo se evitaría que recortes presupuestales comprometan la capacidad técnica y operativa del INE para organizar elecciones con los estándares actuales.
 
Tampoco aclaró cómo se blindaría al órgano electoral frente a posibles presiones políticas si su margen presupuestal depende de mayor control central.
 
Sueldos y “uniformidad”
En el mismo tono, Estrada se manifestó a favor de reducir y uniformar los salarios de diputados locales y federales, incluso mediante topes nacionales. Descartó que ello afecte la soberanía estatal, al sostener que no deben existir “islas” donde unos se ajusten el cinturón y otros no.
 
De igual forma, negó que regular el gasto de un órgano electoral constituya un retroceso democrático, al argumentar que los derechos humanos pertenecen a los ciudadanos y no al Estado.
 
No obstante, especialistas han advertido que la autonomía presupuestal es un componente clave de la independencia institucional de órganos como el INE, aspecto que el legislador no abordó de manera técnica.
 
Debate pendiente
Aunque Estrada insistió en que el tema debe analizarse “de forma amplia”, sus respuestas evitaron entrar al fondo de las preguntas sobre el rediseño institucional del sistema electoral mexicano: ¿cómo se garantizará la autonomía del INE?, ¿qué ocurrirá con los OPLES?, ¿qué mecanismos impedirán una concentración excesiva de funciones en la Federación?
 
En su intervención, la defensa política de la reforma se centró en la legitimidad del proceso de consulta y en el discurso de austeridad, pero dejó sin precisión los alcances concretos de una iniciativa que podría redefinir el equilibrio entre centralización, federalismo y autonomía electoral en el país.